Artículos de opinión

España, luz verde al lobby

By noviembre 5, 2018 No Comments

EL LOBBY EN ESPAÑA

 

Del mismo modo que parte de la ciudadanía percibe la Cámara Baja como un lugar en el que, dicho cariñosamente, se trabaja menos de lo que se debería, existe también la sensación de que el Congreso de los Diputados es una suerte de institución omnisciente, es decir, que conoce todo aquello que conforma la realidad e incluso aquello que entra en el campo de lo posible.

Como regla general no es cierto lo primero, pero es seguro que no lo es lo segundo.

El Congreso no es sino las personas que lo forman, diputados y trabajadores “de la casa”, y resulta que ninguno de ellos, ni la suma de todos, tiene esa cualidad.

No quiero decir con esto que no haya personas muy cualificadas; las hay. Pero no podemos abstraernos de la realidad de la vida política, de sus tiempos, de sus inercias y de la interacción de los intereses que están en juego, y de cómo estos factores conforman un totum revolutum que dificulta la toma de decisiones pensando en el medio y largo plazos.

Son, inequívocamente, elementos que no incentivan al político a profundizar en el árbol de consecuencias que traen consigo las decisiones que allí se toman.

Ahora bien, no pintemos un escenario pesimista. Mejor, señalemos que ese ovillo es más bien consustancial al proceso político, y que existen numerosos mecanismos o contrapesos a través de los cuales la ciudadanía da señales a sus representantes sobre si están o no tomando el camino acertado.

Como decimos, cuando esas decisiones afectan a los ciudadanos individualmente considerados, o a colectivos nacidos de la suma de ellos, la calle reacciona. Luz verde, naranja o roja a tal o cual normativa, tal o cual impuesto, tal o cual decreto. Arde twitter, las cabeceras de los periódicos de distinto signo destacan en grandes rótulos y asociaciones de todos los rincones hacen llegar sus quejas, reivindicaciones o, las menos veces, felicitaciones.

El control al Legislativo y Ejecutivo se hace palpable y la España “extra Congreso” ejerce su influencia. Por muchos medios y de distintas formas, pero esa España tiene voz, tiene luz en el gran semáforo que es la opinión pública.

Sin embargo, muchas otras decisiones, a nivel nacional pero también a nivel autonómico o local, pasan de puntillas entre las bambalinas del proceso de elaboración de políticas públicas.

Políticas que pueden impactar en miles de personas precisamente porque afecten a numerosas empresas de un sector determinado, o a grandes grupos empresariales en su conjunto.

Las empresas son el corazón de la economía y, sin embargo, son las grandes denostadas en nuestro imaginario colectivo. Salvo contadas excepciones, caso de las start-ups o pequeños autónomos, las empresas de media y gran capitalización son muchas veces vistas por los decisores públicos como elementos a evitar, privadas sistemáticamente de una legitimación que por derecho les corresponde. El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, haciendo responsables a los poderes públicos de la garantía y protección de su ejercicio y la defensa de la productividad.

¿Cómo puede ser protegido y garantizado su ejercicio cuando se les priva de expresar su opinión sobre una regulación que les afecta directamente? ¿Acaso las entidades privadas están menos legitimadas para participar en el proceso regulatorio por la naturaleza de su capital? Precisamente, ese derecho de participación se hace efectivo, en parte, articulando su colaboración en la elaboración de políticas públicas, y es en este punto donde el lobby se hace indispensable para una mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones.

Antes de nada, resulta fundamental alejarnos del cliché que, aunque cada vez menos, acompaña al lobby desde hace años y que asemeja a los lobbystas a profesionales sin escrúpulos de los de Gracias por fumar o House of Cards. Esa visión, no lo dudo, tiene tirón en taquilla y nos hace pensar en tiburones de la política, en urdidores de intereses que no sólo les benefician, sino que nos perjudican a todos. Tiburones que, por cierto, serían los primeros necesitados del reino animal en contar con un lobby en condiciones para poder ser escuchados.

Antes bien, son precisamente los lobbies los que articulan esa participación empresarial necesitada de protección. Son vehículo y son arquitectos de una legitimación que corresponde a las empresas y que nace de la misma fuente que aquélla que legitima los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que les afectan (artículo 23 de la Constitución). Las empresas tienen personalidad jurídica propia, agrupan los intereses de socios o accionistas y su desempeño es un factor fundamental para el progreso y reafirmación de las democracias liberales.

Así, del mismo modo que las peticiones ciudadanas se perciben como más o menos acertadas, pero legítimas, cada reivindicación empresarial será más o menos aceptable, más o menos coincidente con lo que el decisor público entienda como interés general, pero legítima de igual manera.

Sin embargo, y a pesar del enorme impacto soterrado que una política concreta pueda tener a nivel empresarial, ocurre con frecuencia que determinados representantes políticos no tienen a bien escuchar a los representantes de dichas entidades por entender, erróneamente, que representar intereses privados es opuesto, por definición, al interés general. O bien por tratarse de asuntos de carácter técnico o altamente sofisticados sobre los cuales no disponen de las herramientas suficientes para anticipar el alcance de sus acuerdos.

¿Son acaso motivos suficientes para no dialogar con aquellos actores a los que afecte ese cambio regulatorio, y sopesar sus propuestas?

El artículo 11.1 del TUE, en la redacción establecida por el Tratado de Lisboa, establece que «las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión», y añade su apartado 2 que «las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil».

España no puede quedarse atrás. Desde sus inicios, la Unión Europea ha ido marcando el camino que deben seguir los distintos Estados miembros y, con ellos, España, dando luz verde al lobby, adoptando una regulación que aporte mayor y mejor transparencia y ayudando a desterrar una imagen que nada tiene que ver con la representación de intereses legítimos en las distintas esferas de decisión.

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