Presupuestos 2019 | ‘Fake Politics’

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes es la mejor demostración de la etapa de política ficción que atraviesa nuestra democracia. La política ha dejado de ser un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y se ha convertido en un fin en sí mismo, sin más aspiración que ganar y/o mantenerse en el poder. Un Gobierno herido de legitimidad democrática camina ajeno a la realidad cotidiana de los españoles con la única aspiración de aprovechar un día más, un mes más, la inercia demoscópica que le garantiza la cuota de pantalla. La fragmentación del voto ha generado una fiebre en todos los partidos, que dedican prácticamente todo su tiempo y recursos a perfilar su ‘ideología’ dándose codazos en el espectro político y tratando de ocupar los espacios que las encuestas les recomiendan. Los españoles y sus problemas no aparecen en esta página de la agenda.

Con las cosas así y siendo estas las motivaciones, era poco probable que los Presupuestos Generales del Estado propuestos por este Gobierno respondieran a las necesidades y prioridades del país. Y así ha sido. El proyecto presupuestario es un ejercicio de marketing, de táctica o de supervivencia política, pero en ningún caso de política económica. Vivimos tiempos de máxima incertidumbre y de desaceleración económica global y los presupuestos son ajenos a esta realidad. Tras cinco años de crecimiento económico intenso, tenemos una tasa de paro del 15% y el déficit público más elevado de la zona euro, y sin embargo los presupuestos no incorporan ni una sola medida para generar empleo y vienen precedidos de una voluntad manifiesta de incumplimiento, materializada en unas estimaciones de ingresos que no se sostienen y en la lamentación del Gobierno por no haber podido aumentar la senda de déficit.

Pero quizás más desalentador aún es que el Gobierno trate de vender estos presupuestos como algo nuevo (“para huir de la España en blanco y negro”, Celaa dixit), cuando están basados en premisas trasnochadas y que deberían estar descartadas por la propia evidencia presupuestaria que acumulamos.

La fórmula de aumento del gasto social a costa de ingresos muy productivos tiene, por así decirlo, las patas cortas. El cortoplacismo, el “pan para hoy y luego ya veremos…”, ha tenido siempre consecuencias nefastas en nuestra economía. Más aún si, como ahora, lo que toca es prepararse para una etapa en la que las sorpresas económicas positivas están descartadas.

En otras palabras, la operación cosmética ‘soy más de izquierdas que nadie, pero sin ser Podemos’, que el Gobierno ha valorado en 5.000 millones de euros en un presupuesto de 400.000 millones,

  • va a obligar a subir los impuestos y las cotizaciones de las empresas en un momento en el que algunas grandes empresas anuncian grandes despidos;
  • va a obligar a subir el impuesto del diésel a más de 14 millones de personas dejando en el aire los planes de inversión de un sector clave de la economía;
  • va a obligar a subir los impuestos a las rentas altas y a ‘destopar’ las cotizaciones máximas sin que haya contrapartida en la pensión a cobrar en el futuro;
  • va a obligar a inventarnos, y ser pioneros en implantar, impuestos a las empresas tecnológicas en pleno proceso de revisión de sus decisiones de inversión;
  • va a obligar a aumentar la presión sobre la actividad bancaria en un momento crítico en la rentabilidad del sector.
  • Y lo peor de todo es que todo este esfuerzo no va a ser capaz de generar los ingresos necesarios para pagar el aumento de gasto, otra de las premisas de estos presupuestos que la evidencia se ha encargado de desmentir.

Ante las subidas de impuestos, las estimaciones de ingresos rara vez se cumplen, pero sin embargo los gastos se acometen previamente en toda su extensión; por lo que, en nuestro caso, con toda seguridad, engordaremos el déficit estructural y la vulnerabilidad a una nueva crisis de la economía española. Y todo esto para que el final sean los separatistas catalanes los que pongan el sello de aprobación. La verdad es que esta ‘España en color’ se parece bastante a las peores versiones de la España del pasado.

Más allá de los presupuestos que, por supuesto, merecen una enmienda a la totalidad, la cuestión es el final de esta legislatura. No podemos seguir dando tumbos en manos de intereses que no son los generales de los españoles. La economía española cuenta con resortes suficientes para mejorar su comportamiento y solo se podrán activar con una acción política ordenada, estable y apoyada por los ciudadanos. Alargar esta legislatura, y más aún con estos presupuestos, es sinónimo de posponer un año, sino más, el necesario proceso de reforma que urgentemente necesita nuestra economía.

#Economia #PresupuestosDelEstado #GastoPúblico #elecciones

BREXIT, LET US IN

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Son multitud las noticias y artículos de opinión que, estos días, inundan los medios de comunicación nacionales e internacionales desmenuzando el brexit desde –casi– todos los puntos de vista. Se analizan su génesis política, el equilibrio resultante entre Reino Unido y la Unión Europea en términos macroeconómicos, de libertad de movimiento de personas y de capitales entre ambos y, en definitiva, cómo afectará al futuro de la Unión como proyecto de integración social, económica, diplomática o de seguridad.

 

Sin embargo, no se dedica especial atención a una de las consecuencias más dañinas que trae consigo este convulso proceso: la nociva inyección de incertidumbre que afecta a los sectores económicos con intereses en ambos espacios de actuación, agravada por la falta de una política de comunicación eficaz sobre el estado actual de la negociación por parte, principalmente, de las instituciones europeas.

 

En este sentido, cabe preguntarse si los dirigentes de Comisión, Parlamento y Consejo, además de nuestros ministerios de Economía y Empresa y de Asuntos Exteriores y Cooperación, han abierto un canal de información a la altura del reto que, todos ellos, enfrentan ante la salida de la quinta economía del club de países europeos. Cabe cuestionarse si están dotando de las herramientas necesarias a los representantes de intereses privados para conocer y, en la medida de lo posible, anticipar, las consecuencias que acarrean para sus representados.

 

 

Desde mi punto de vista, ni las instituciones europeas ni las españolas están satisfaciendo esa demanda de información veraz y centralizada que permita paliar los efectos negativos que la incertidumbre provoca en los operadores económicos. Las tres instituciones comunitarias principales han habilitado secciones dedicadas al brexit en sus respectivos portales que, sin embargo, no dejan de ser una recopilación a posteriori de los hitos que se van sucediendo. Pero, ¿y lo que está por venir?

 

Pongámonos en los zapatos de una empresa de capital español que se dedique, por ejemplo, a intercambiar profesores nativos británicos y españoles para impartir clases de idiomas en escuelas situadas en ambos lugares. Como es evidente, la deriva de las negociaciones le afecta hasta el punto de temer por la propia sostenibilidad de su negocio. Llegados a este punto, su consejo de administración decide, con buen criterio, contratar los servicios de una agencia especializada en asuntos públicos que le asesore sobre los distintos escenarios que, a día de hoy, siguen siendo incógnitas: brexit duro vs. brexit blando, calendario de implantación efectiva, salvaguarda de derechos adquiridos y retroactividad de la normativa resultante, etc.

 

Lejos de encontrar en la UE un aliado, el profesional de public affairs que tenga encomendada tan delicada misión se encuentra ante un marasmo de interlocutores cuya información no está acompasada, cuando no se enfrente al hermetismo propio de las negociaciones políticas. Y, por si fuera poco, a esto debemos añadir la falta de una regulación armonizada entre las tres instituciones citadas acerca de cómo llevar a cabo la función de representación de esos intereses económicos.

 

Esperando lo mejor para nuestra empresa de profesores nativos, los responsables de defender sus intereses en Bruselas, España –y Reino Unido– pondrán a su disposición todas las herramientas necesarias para que éstos se vean salvaguardados de la mejor forma posible. Pero la excepcionalidad de la situación no es óbice para que los profesionales del lobby y, por extensión, los operadores

 

económicos comunitarios, no hayan formado parte de las inquietudes de los responsables políticos al frente del proceso político de mayor relevancia e incertidumbre de lo que llevamos de siglo.

 

Por ello, resulta imprescindible aunar esfuerzos y permitir a las entidades privadas, por sí mismas o a través de sus representantes, conocer de primera mano el estado de las negociaciones y qué se cuece dentro del brexit. Ellas sí que no pueden permitirse quedarse fuera.

España, luz verde al lobby

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EL LOBBY EN ESPAÑA

 

Del mismo modo que parte de la ciudadanía percibe la Cámara Baja como un lugar en el que, dicho cariñosamente, se trabaja menos de lo que se debería, existe también la sensación de que el Congreso de los Diputados es una suerte de institución omnisciente, es decir, que conoce todo aquello que conforma la realidad e incluso aquello que entra en el campo de lo posible.

Como regla general no es cierto lo primero, pero es seguro que no lo es lo segundo.

El Congreso no es sino las personas que lo forman, diputados y trabajadores “de la casa”, y resulta que ninguno de ellos, ni la suma de todos, tiene esa cualidad.

No quiero decir con esto que no haya personas muy cualificadas; las hay. Pero no podemos abstraernos de la realidad de la vida política, de sus tiempos, de sus inercias y de la interacción de los intereses que están en juego, y de cómo estos factores conforman un totum revolutum que dificulta la toma de decisiones pensando en el medio y largo plazos.

Son, inequívocamente, elementos que no incentivan al político a profundizar en el árbol de consecuencias que traen consigo las decisiones que allí se toman.

Ahora bien, no pintemos un escenario pesimista. Mejor, señalemos que ese ovillo es más bien consustancial al proceso político, y que existen numerosos mecanismos o contrapesos a través de los cuales la ciudadanía da señales a sus representantes sobre si están o no tomando el camino acertado.

Como decimos, cuando esas decisiones afectan a los ciudadanos individualmente considerados, o a colectivos nacidos de la suma de ellos, la calle reacciona. Luz verde, naranja o roja a tal o cual normativa, tal o cual impuesto, tal o cual decreto. Arde twitter, las cabeceras de los periódicos de distinto signo destacan en grandes rótulos y asociaciones de todos los rincones hacen llegar sus quejas, reivindicaciones o, las menos veces, felicitaciones.

El control al Legislativo y Ejecutivo se hace palpable y la España “extra Congreso” ejerce su influencia. Por muchos medios y de distintas formas, pero esa España tiene voz, tiene luz en el gran semáforo que es la opinión pública.

Sin embargo, muchas otras decisiones, a nivel nacional pero también a nivel autonómico o local, pasan de puntillas entre las bambalinas del proceso de elaboración de políticas públicas.

Políticas que pueden impactar en miles de personas precisamente porque afecten a numerosas empresas de un sector determinado, o a grandes grupos empresariales en su conjunto.

Las empresas son el corazón de la economía y, sin embargo, son las grandes denostadas en nuestro imaginario colectivo. Salvo contadas excepciones, caso de las start-ups o pequeños autónomos, las empresas de media y gran capitalización son muchas veces vistas por los decisores públicos como elementos a evitar, privadas sistemáticamente de una legitimación que por derecho les corresponde. El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, haciendo responsables a los poderes públicos de la garantía y protección de su ejercicio y la defensa de la productividad.

¿Cómo puede ser protegido y garantizado su ejercicio cuando se les priva de expresar su opinión sobre una regulación que les afecta directamente? ¿Acaso las entidades privadas están menos legitimadas para participar en el proceso regulatorio por la naturaleza de su capital? Precisamente, ese derecho de participación se hace efectivo, en parte, articulando su colaboración en la elaboración de políticas públicas, y es en este punto donde el lobby se hace indispensable para una mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones.

Antes de nada, resulta fundamental alejarnos del cliché que, aunque cada vez menos, acompaña al lobby desde hace años y que asemeja a los lobbystas a profesionales sin escrúpulos de los de Gracias por fumar o House of Cards. Esa visión, no lo dudo, tiene tirón en taquilla y nos hace pensar en tiburones de la política, en urdidores de intereses que no sólo les benefician, sino que nos perjudican a todos. Tiburones que, por cierto, serían los primeros necesitados del reino animal en contar con un lobby en condiciones para poder ser escuchados.

Antes bien, son precisamente los lobbies los que articulan esa participación empresarial necesitada de protección. Son vehículo y son arquitectos de una legitimación que corresponde a las empresas y que nace de la misma fuente que aquélla que legitima los ciudadanos a participar en los asuntos públicos que les afectan (artículo 23 de la Constitución). Las empresas tienen personalidad jurídica propia, agrupan los intereses de socios o accionistas y su desempeño es un factor fundamental para el progreso y reafirmación de las democracias liberales.

Así, del mismo modo que las peticiones ciudadanas se perciben como más o menos acertadas, pero legítimas, cada reivindicación empresarial será más o menos aceptable, más o menos coincidente con lo que el decisor público entienda como interés general, pero legítima de igual manera.

Sin embargo, y a pesar del enorme impacto soterrado que una política concreta pueda tener a nivel empresarial, ocurre con frecuencia que determinados representantes políticos no tienen a bien escuchar a los representantes de dichas entidades por entender, erróneamente, que representar intereses privados es opuesto, por definición, al interés general. O bien por tratarse de asuntos de carácter técnico o altamente sofisticados sobre los cuales no disponen de las herramientas suficientes para anticipar el alcance de sus acuerdos.

¿Son acaso motivos suficientes para no dialogar con aquellos actores a los que afecte ese cambio regulatorio, y sopesar sus propuestas?

El artículo 11.1 del TUE, en la redacción establecida por el Tratado de Lisboa, establece que «las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión», y añade su apartado 2 que «las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil».

España no puede quedarse atrás. Desde sus inicios, la Unión Europea ha ido marcando el camino que deben seguir los distintos Estados miembros y, con ellos, España, dando luz verde al lobby, adoptando una regulación que aporte mayor y mejor transparencia y ayudando a desterrar una imagen que nada tiene que ver con la representación de intereses legítimos en las distintas esferas de decisión.

Google y la competencia digital

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La Comisión Europea acaba de imponer una sanción histórica a Alphabet, la matriz de Google, por presunta limitación de la competencia en la gestión que hace Android, el sistema operativo de libre acceso y configuración que el propio Google puso en el mercado, así como de un par de aplicaciones, elaboradas por el gigante tecnológico americano, que este “recomienda” usar al ceder gratuitamente la licencia de Android

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From Reform to Growth: Managing the Economic Crisis in Europe

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The only feasible fiscal union for the euro area

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